De cara a la próxima Cumbre UE–CELAC, reflexioné sobre el estado de la democracia en Europa y en América Latina y el Caribe—no solo para conmemorar los logros políticos y sociales alcanzados en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, sino también para subrayar, y sobre todo advertir, los desafíos que enfrenta la democracia hoy y la urgencia de actuar colectivamente para enfrentarlos.
Hubo un momento en la historia donde podríamos haber sostenido que Europa y América Latina y el Caribe se encontraban en rutas diferentes. Ese ya no es el caso. Por un lado, crisis con implicaciones globales—como el cambio climático, las migraciones masivas, los conflictos armados, el crimen organizado transnacional, las guerras comerciales, las tensiones geopolíticas y la desinformación—nos afectan a todos. Por otro lado, nuestras dos regiones encarnan un conjunto compartido de valores políticos y sociales que debemos estar preparados para defender frente a las fuerzas desestabilizadoras.
Creo que el mayor desafío que enfrentamos hoy es la erosión de la democracia y del Estado de derecho, bajo el asalto de movimientos populistas y nacionalistas, grupos extremistas y organizaciones criminales que actúan como agentes del caos. Esto, más que cualquier otra cosa, determinará si tenemos éxito o fracasamos en la tarea de enfrentar las demás crisis globales. Digámoslo con claridad: solo a través de la democracia pueden las sociedades superar sus amenazas más graves.
¿Por qué? Primero, porque la democracia es inclusiva: convierte a cada ciudadano en participante de la vida pública. Segundo, porque la democracia es transparente: garantiza que las personas estén informadas y protegidas frente a la corrupción y el abuso de poder. Tercero, porque la democracia y el Estado de derecho salvaguardan la dignidad de cada individuo, dándole voz para moldear su destino colectivo. Precisamente estas cualidades hacen que nuestras decisiones sean duraderas, legítimas y ampliamente aceptadas. Aunque nuestras democracias muestran deficiencias en cada uno de estos ámbitos, la solución radica en enfrentar estos desafíos dentro del marco democrático mismo, no en desmantelarlo en favor de regímenes que subvierten estos principios fundamentales.
Por eso quiero centrarme en cuatro factores que están minando la democracia y el Estado de derecho en nuestras regiones y más allá, y en lo que podemos hacer para abordarlos.
El primer factor es que nuestros contratos sociales están cambiando de maneras que ya no podemos ignorar. Fueron construidos sobre la idea del Estado-nación. Pero hoy, el Estado-nación se ve muy diferente. Los desafíos globales y las fuerzas estructurales como la globalización lo han transformado. Nuestras sociedades son más multiculturales. Las comunidades cambian constantemente a medida que las personas cruzan fronteras. Nuestras economías están interconectadas y más expuestas a choques externos. Sin embargo, nuestros sistemas fiscales siguen obsoletos, las desigualdades continúan aumentando y, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2023 , las personas sin redes de protección que las amparen frente a los efectos adversos de múltiples crisis están experimentando niveles inéditos de incertidumbre e inseguridad. Todo ello ejerce una enorme presión sobre el contrato social: sobre nuestra capacidad de mantener cohesionadas a las sociedades y de dar a las personas confianza en su futuro.
Grietas visibles en nuestros contratos sociales también están sacudiendo a la democracia representativa. El desencanto con las instituciones democráticas tiene muchas causas, pero en el fondo la ciudadanía juzga a sus representantes con una prueba sencilla: ¿ofrecen servicios públicos y mejoras reales en la vida de las personas? Los datos recientes muestran la magnitud del desafío. En Europa, solo el 41 % de la ciudadanía afirma estar satisfecho con la democracia, mientras que el 51 % no lo está . En América Latina, el panorama es aún más sombrío: apenas un tercio está satisfecho y casi dos tercios insatisfechos.
Ahora bien, la insatisfacción no siempre es negativa. Puede reflejar rendición de cuentas, debate y la posibilidad de reemplazar líderes mediante elecciones. Pero cuando la insatisfacción se vuelve persistente, puede abrir la puerta a las tentaciones autoritarias. En América Latina, la proporción de personas que se declaran indiferentes ante la posibilidad de que un gobierno no democrático asuma el poder, siempre que satisfaga sus demandas, aumentó del 44 % en 2002 al 54 % en 2023.
Para evitar un mayor deterioro de la democracia y preservarla, debemos garantizar que los contratos sociales dentro de nuestras naciones se amplíen y se cumplan. Esto significa enfrentar las desigualdades existentes, fortalecer los mecanismos de protección social y modernizar nuestras instituciones con tecnología avanzada para lograr mayor eficiencia y transparencia. También implica renovar y reconfigurar los canales tradicionales de participación democrática, especialmente los parlamentos y los partidos políticos, al tiempo que diseñamos nuevos mecanismos de participación ciudadana que tengan un impacto real en la toma de decisiones y en la formulación de políticas. Estas son solo algunas de las formas de empezar a cambiar el status quo y reimaginar la cooperación entre nuestras regiones.
El segundo factor que quiero abordar es la naturaleza del liderazgo político, tanto mundial como regional. Ser demócrata es, históricamente, un fenómeno relativamente reciente. En cambio, los autócratas y abusadores del poder nos acompañan desde hace siglos. Esto no significa que prevalecerán, pero sí que debemos permanecer vigilantes.
Hoy, líderes autoritarios y populistas—tanto de izquierda como de derecha, a menudo con visiones extremas o fundamentalistas—están explotando el descontento social y la incertidumbre geopolítica y económica en todo el mundo. En algunos casos socavan el Estado de derecho mediante argucias legales; en otros, atacan abiertamente la separación de poderes y las instituciones de control. Incluso cuando tales líderes cuentan con apoyo popular y sus mandatos son validados en las urnas, debemos mantenernos alerta ante la reducción del espacio cívico.
Entre los motores del retroceso electoral se encuentran la erosión de las libertades civiles y las restricciones al derecho de la ciudadanía a movilizarse, debatir y expresar sus opiniones . Según el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de reunión y asociación pacíficas, el superciclo electoral 2023–2025 ha “profundizado y ampliado las tendencias hacia la represión política y la reducción del espacio para la participación cívica”. La respuesta es clara: empoderar a la sociedad civil, la academia, líderes sociales, jueces y juezas, fiscales y periodistas. Sin embargo, el apoyo a estos actores está disminuyendo, especialmente en América Latina y el Caribe. Revivir ese apoyo es esencial para defender – y reconstruir – nuestras democracias, y debe formar parte de la agenda de cooperación birregional.
La polarización política—mucho más aguda en América Latina que en otras partes del mundo—también debe ser enfrentada, pues está envenenando la democracia desde dentro. Debemos promover narrativas de entendimiento, empatía y diálogo informado, porque hoy lo que debería ser común se ha vuelto raro: la gobernanza democrática.
El tercer factor se relaciona con cómo enfrentamos los desafíos complejos de defensa y seguridad que ambas regiones padecen— sin debilitar nuestros valores democráticos ni deteriorar nuestros contratos sociales. Líderes autocráticos, señores de la guerra y organizaciones criminales representan una tercera gran amenaza para la democracia.
Eventos como la invasión militar de Rusia a Ucrania y su impacto sobre la paz y la estabilidad europeas y mundiales, o el flagelo de los carteles de la droga y las pandillas locales sobre las comunidades e instituciones de América Latina y el Caribe, están poniendo a prueba las fibras más profundas de nuestros sistemas democráticos.
No debemos socavar los derechos humanos, el Estado de derecho ni el derecho internacional—ya sea al combatir el crimen o al intentar poner fin a conflictos sin sentido. Tampoco debemos aceptar la falsa disyuntiva de reducir la inversión social en nombre del aumento del gasto en defensa. Eso es exactamente lo que buscan los actores desestabilizadores. Por ello, debemos no solo fortalecer la cooperación birregional en materia de seguridad, sino también actuar conjuntamente para reformar el sistema multilateral, de modo que sea más representativo, más eficaz y más capaz de enfrentar las amenazas globales, fomentando al mismo tiempo la cooperación y el entendimiento entre las naciones.
Finalmente, la última amenaza que deseo destacar es la desinformación—y el poder desmedido de las empresas tecnológicas para pasar por encima de los esfuerzos soberanos por contener la difusión de contenidos maliciosos. Entendemos que la tecnología es difícil de regular y que un exceso de normas puede obstaculizar la productividad y la innovación. Pero las empresas tecnológicas no están por encima de la ley.
Podemos y debemos acordar marcos internacionales para su funcionamiento, teniendo en cuenta sus aportes. Pero solo los órganos democráticamente electos tienen la legitimidad para fijar los límites de sus actividades. Casos recientes de grandes empresas tecnológicas que ignoran o incluso presionan a las autoridades en Europa y América Latina que intentan hacer cumplir la ley son inaceptables. Tales acciones socavan el Estado de derecho y generan inestabilidad innecesaria.
Por segundo año consecutivo, la desinformación y la información falsa se ubican como el riesgo global más grave —tanto a corto como a largo plazo. De hecho, el 38 % de la ciudadanía de la UE identifica la “información falsa o engañosa, en línea o fuera de ella” como la mayor amenaza para la democracia. Por lo tanto, los gobiernos tienen la responsabilidad y la legitimidad de proteger sus instituciones y responder a las preocupaciones ciudadanas. En este ámbito, Europa ofrece lecciones valiosas a América Latina por sus esfuerzos colectivos en la regulación de las tecnologías digitales. Aún más importante, ambas regiones deben unirse para promover marcos de gobernanza de la IA y las tecnologías digitales a nivel multilateral, como el Pacto Digital Mundial (Global Digital Compact).
Costa Rica ha sido reconocida durante mucho tiempo por su excepcional trayectoria democrática—una de las solo quince democracias plenas en el mundo. Hoy, sin embargo—en medio de ataques sin precedentes a la separación de poderes, el debilitamiento institucional y una crisis de inseguridad—sirve como un recordatorio contundente de que los logros democráticos nunca están garantizados. Debemos defender la democracia cada día, con todos los instrumentos que nuestras leyes y constituciones proveen—y debemos hacerlo juntos.
Deseo a la Cumbre UE–CELAC de Santa Marta de este noviembre el mayor de los éxitos. Que las voces que luchan por la democracia liberal estén presentes, y que sean escuchadas. Que este esfuerzo por reactivar la Cumbre birregional sea no solo una oportunidad para proteger nuestros logros democráticos, sino también para imaginar nuevos avances.
(Las opiniones expresadas en este blog son exclusivamente de los autores y no reflejan necesariamente la posición de la Fundación EU-LAC).